Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores  (transicion.sbhac.net)

Transición sangrienta (1975-1983)

18.3.- La Vanguardia desarmada.

Fin de la historia. El que se mueva no sale en la foto.

18.3.1

Tras el desafortunado accidente de tráfico que terminó con la vida de Juan Muñoz Zapico, Juanín, sus paisanos, más de 20.000 según la prensa se reunieron para darle el último adiós en enero de 1977. En el centro a la derecha,  mirando al fotógrafo y con gafas, Tini Areces, futuro presidente de la autonomía asturiana.

18.3.2

En una reunión, homenaje o similar al principio de la democracia, coincidieron, Camacho, el cura Llanos, Barranco y Macario, líder de las Comisiones Obreras de la Construcción de Madrid y vallecano de Pro. El fotógrafo les capturó para la historia. Ya no se dan estos tipos.

El 14 de marzo de 1978 fallece en la prisión de Carabanchel el recluso anarquista Agustín Rueda, tras haber sido torturado por varios funcionarios, que le interrogan en relación con un túnel que acababa de ser descubierto en las dependencias de la cárcel. Los médicos del centro penitenciario, José María Barigow y José Luis Casas García, eluden prestar asistencia médica al preso. Para averiguar quiénes son los responsables de la excavación se producen torturas y palizas en la que quince funcionarios se turnan para golpear a los presos sospechosos, con puños, pies, porras y objetos metálicos. Los reclusos salen de estas sesiones de tortura con desigual suerte. Algunos con lesiones serias en cabeza, tórax y extremidades, de las que tardan en curar hasta treinta días. Tras los interrogatorios son llevados a rastras hasta sus celdas, donde permanecen sin asistencia médica. Con Agustín Rueda se ceban y el joven no puede resistir el castigo. El informe de la autopsia pone de manifiesto cómo “las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores” que emplean “objeto contundente alargado, de tipo blando, como puede ser la porra o el vergajo, y objeto duro, de menor tamaño”. “Se puede afirmar –dice el informe- que no es posible, salvo especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando la estructuras óseas subyacentes”. Diez años después de la muerte del recluso anarquista, la Audiencia Provincial de Madrid considera que el apaleamiento de Agustín Rueda es “un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte”. Se condena a 10 años de cárcel a Eduardo Cantos, director de Carabanchel cuando se producen los hechos, al subdirector Antonio Rubio y a cinco funcionarios más. Otros tres encausados son condenados a ocho, siete y seis años, respectivamente. Y a dos años de cárcel los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultan el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza. De todos ellos ninguno llega a permanecer ni ocho meses en prisión.

18.3.3

Los trabajadores de la Construcción de Asturias, protagonizaron una dura huelga a principios de 1977, masivamente seguida por los trabajadores del ramo. Esta huelga tuvo un significado especial y junto a la protagonizada por los trabajadores de Forjas Alavesas en febrero de 1976 en Vitoria, dejó en evidencia que Comisiones y UGT no eran lo mayoritarios que pretendían ser, y que había grandes corrientes de otras ideas sindicales en el seno de la clase trabajadora. Con los pactos de Carrillo con Suárez y con  los futuros pactos de la Moncloa a finales de año, la estrategia del gobierno Suárez tenía orillas comunes con las de los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, que querían monopolizar el movimiento sindical. El momento era de gran conflictividad laboral y los trabajadores en su conjunto entendían que era el momento de arrancar a las patronales todos los derechos que el franquismo les había arrebatado durante décadas y construir el estado del bienestar del que tanto hablamos ahora que lo perdemos, pero que entonces se llamaban simplemente derechos laborales. El caso es que Comisiones y la propia UGT, también querían eso, pero controlado por cada uno de ellos y dentro de un orden, tal como sus cabeceras políticas, PCE y PSOE querían. Tras la de Vitoria, el movimiento asambleario, capitaneado por los sindicatos más a la izquierda, estaba en su mejor momento. La huelga de la Construcción de Asturias fue abanderada por la CNT y otros movimientos de los trabajadores que veían como la rivalidad entre Comisiones y UGT en Asturias les llevaba a perder la negociación del convenio sectorial. La huelga duró 100 días afectó a miles de familias asturianas y fue un éxito que significo de pasar de un jornal mínimo de 400 pesetas a uno de 732 y otras reivindicaciones también ganadas. La huelga fue un éxito de la CNT y de sus dirigentes regionales. En el calzado en Levante pudo pasar lo mismo, pero Comisiones que era mayoritario consiguió encauzar el sector moderando las acciones. Y esto estaba empezando a pasar en toda España. Los pactos políticos que estaban conduciendo la transición también atraparon a los sindicatos mayoritarios, y es aquí donde nace la inveterada desconfianza de los trabajadores a la burocracia sindical de la democracia. Esperaban acciones ejemplares, convenios justos de una vez por todas, pero no fue así. La ejemplar Transición reprimió las ansias de justicia social de los trabajadores, aunque, bien es cierto que la situación mejoró sustancialmente.

El 21 de abril. Elvira Parcelo Rodríguez, de 22 años, fallece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Residencia Almirante Vierna, de Vigo, a consecuencia del derrame cerebral provocado por los terribles golpes que recibe de la policía durante una carga efectuada para disolver una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascó (Astilleros y Construcciones).

José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras es asesinado en Soria, de cuatro disparos, por el policía Antonio López, en el transcurso de una discusión.

Julio, 2. El refugiado vaso Juan José Etxabe y su esposa, Agurtzane Arregui, son ametrallados por un comando parapolicial. A pesar de recibir seis impactos de bala, Etxabe salva la vida. Su mujer, con once balazos, fallece.

18.3.4

Tras la huelga de actores del 75, el PCE mantenía cierta prédica entre los actores más progresistas. Algunos aún la mantienen, otros se fueron con su pasta a otra parte,  quizá a las lejanas cejas de la tierra prometida. Carrillo se mojó el 12 de junio de 1976 en Torrelodones, que rima con pajarito, cuchara y árbol. De esto sólo hace 37 años y ya casi no se canta la Internacional.

18.3.5

En las fiestas de San Fermín de 1978, la situación era muy tensa, pues todo el País Vasco y Navarra atravesaban la enésima crisis política y policial. Las fuerzas policiales de la ciudad encabezadas por el Comisario jefe, sabían que algunas peñas de mozos pretendían reivindicar la Amnistía General en la plaza de toros, por ello, la Policía Armada se había colocado estratégicamente en las entradas de la plaza de toros. Se repetía de nuevo, como en Vitoria en el 76, la estrategia de mandos policiales franquistas, reacios a la democracia, a buscar, decimos, victimas y graves incidentes que dificultaran el camino de la monarquía parlamentaria del gobierno Suárez. En la imagen, los mozos despliegan una pancarta reclamando Amnistía. Los tiempos eran como eran, y Pamplona era Pamplona y algunos sectores del público se molestaron y lanzaron almohadillas como se ve en la imagen.

El 8 de julio, en Pamplona, muere Germán Rodríguez por disparos de la policía. Esa tarde, la plaza de toros de la capital navarra está a rebosar. Se celebra una de las corridas más esperadas de la feria de San Fermín. Al final de la lidia, un grupo de mozos salta al ruedo con una pancarta en la que se puede leer: “En San Fermín, todos los presos a casa”. La pancarta da lugar a una agria división de opiniones entre el público y a algunos enfrentamientos individuales. En ese momento, cuando en el ruedo se encontraban decenas de chavales de las secciones juveniles de las peñas, que habitualmente entran en la plaza para poder integrarse en el desfile, aparecen las FOP sobre el albero, con el comisario Miguel Rubio al frente. Esta irrupción provoca enorme indignación en los tendidos, desde los que comienzan a arrojarse almohadillas y todo tipo de objetos. Ante la reacción del público, la policía retrocede, mientas cientos de personas huyen hacia las salidas de la plaza, provocando grandes tapones humanos. Posteriormente, el conflicto se generaliza en las calles adyacentes al coso y, después, en toda la ciudad de Pamplona, donde se libra una batalla campal hasta la madrugada. En el cruce de las calles de Roncesvalles y Paulino Caballero, una dotación de la policía baja de un autobús disparando. Una de sus balas alcanza mortalmente al joven Germán Rodríguez, militante de la Liga  Comunista Revolucionaria (LCR). El balance de la refriega es tremendo: 40 personas ingresadas en el Hospital de Navarra, 12 en la Clínica Universitaria, 33 en la Residencia Virgen del Camino y tres en la Clínica San Juan de Dios. Horas más tarde, el gobernador civil, Ignacio Llano, declara que él no ha dado la orden de intervenir a las FOP y que su irrupción en la plaza es responsabilidad exclusiva del mando de la dotación local de la Policía Armada, un ex legionario, el comandante Fernando Ávila. Al final, no se deducen responsabilidades penales ni disciplinarias contra los mandos policiales o los autores directos de la muerte de Germán. Según declara Martín Villa, en Pamplona se han realizado, durante la noche de los incidentes, siete mil disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. En sólo seis horas. Y con todo el fuego concentrado en una zona del segundo Ensanche de la ciudad. A pesar de tan enorme e inusual derroche de munición, la policía continúa disponiendo de material antidisturbios, lo que hace suponer que estaba previsto hacer frente a un incidente como el que se ha producido. El ministro del Interior intenta tergiversar los hechos, pero numerosos testimonios de testigos presenciales lo dejan todo muy claro: a Germán Rodríguez lo mata la policía. En árboles, vehículos y edificios quedan incrustadas decenas de balas que provienen de las mismas armas que matan al joven navarro. Las comisiones investigadoras de Pamplona, San Sebastián y Rentería elaboran un demoledor dossier, “Castigo a los culpables”, en el que se recoge toda esa información. Como consecuencia de su actuación durante los sangrientos “sanfermines” de 1978, el comisario Rubio es trasladado a la localidad valenciana de Xirivella, donde se producen fuertes manifestaciones en protesta por el nuevo destino que se le ha concedido.

(*) Desde un par de meses atrás, varios jóvenes navarros estaban encarcelados acusados de haber intervenido en la muerte del subteniente Etseberri. El 11 de mayo, un grupo de incontrolados había recorrido el Casco Viejo de San Sebastián, empuñando porras y cadenas y amenazando a los transeúntes con pistolas. Hubo numerosos enfrentamientos, algunos de gran dureza, y uno de los “incontrolados” fascistas recibió una cuchillada mortal. Era el subteniente de la Guardia Civil Juan Etseverri. Otro “incontrolado” resultó herido: más tarde se pudo comprobar que era el policía José San Martín.

18.3.6

En cuanto los grises tuvieron noticia del suceso, el Comisario Miguel Rubio al mando de cuarenta policías entró en el coso disparando pelotas de goma y repartiendo indiscriminadamente badana. Entonces, todas las peñas sin distinción abroncaron a los grises comenzando un lanzamiento generalizado de almohadillas. Los grises se replegaron, pero al rato volvieron a entrar por otra puerta y acompañados de caballería. La gente desalojó la plaza en medio de un pánico atroz, pues todo el mundo conocía los tiempos que corrían, donde la mezcla de manifestantes y grises siempre producía muertos. Las carreras y cargas se trasladaron a los alrededores de la plaza de toros y una verdadera batalla campal de la que fui testigo presencial se desarrolló en prácticamente toda la ciudad. Los grises iban en convoyes de tres o cuatros jeep y autobuses, se bajaban, abrían fuego, eso he dicho, fuego, con toda clase de artefactos, pistolas y subfusiles incluidos, recogían sus bártulos y seguían camino hasta otra calle o cruce. En una de estas mataron a Germán Rodríguez conocido militante troskista y miembro de las peñas. Las fiestas quedaron arruinadas y una gran indignación recorrió la ciudad sin distinción de ideologías. En el lugar de la muerte de Germán, los árboles estaban acribillados a balazos. Los refuerzos policiales que venían de Miranda y de otras ciudades fueron cortando los accesos a la ciudad y las estaciones de autobuses y trenes y para salir de Pamplona había que identificarse en los controles o salir en plan la "Gran Evasión". Era una situación infernal para todos los que como yo habían acudido desde todas partes de España para disfrutar de los Sanfermines en un duro y sangriento año  donde cada quincena había un muerto. El parte de bajas fue brutal, más de 100 heridos de bala, pelotas, botes y otros proyectiles, más los que no se hospitalizaron por miedo y salieron de sus heridas como pudieron. Según confesó el ministro, se dispararon más de 7.000 proyectiles, de los que al menos 130 eran balas de reglamento. O sea, sin las rebajas, más de mil balas salieron de las armas de los grises durante las jornadas que duraron los incidentes, a ciencia cierta provocados por la Policía Armada y sus mandos.

18.3.7

En las peñas hubo de todo, desde los apaciguadores, hasta los cabreados, de cualquier edad y pasado ideológico que clamaban justicia. Como en la imagen, donde los jóvenes tratan de apaciguar al madero, mientras un mayor sujeta a otro mayor que quiere cantarle las cuarenta al guardia. Detrás un fotógrafo y al fondo jóvenes en acción.

4) Notas extractadas de "La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos"

El lunes 10 de julio, la protesta por la muerte de Germán Rodríguez se extiende a toda Euskadi y hay un nuevo muerto. En San Sebastián, José Ignacio Barandiaran Urkiola, de 19 años, natural de Astigarraga, fallece a consecuencia de un disparo en el pecho, cuando se manifiesta en las inmediaciones de la cuesta de Aldapeta. Como es habitual, el ministerio del Interior responsabiliza de esta muerte a la agresividad de los manifestantes, que, supuestamente, intentan asaltar el cuartel de la Policía por las armas. La Consejería de Interior del Consejo General Vasco hace pública una nota que desmiente esa inverosímil versión: “En el día de hoy se ha producido una manifestación hacia las nueve y media de la mañana, formada por empleados de Banca y Cajas de Ahorro y Seguros. La manifestación, que ha discurrido por numerosas calles de San Sebastián, se ha desarrollado de forma total y absolutamente ordenada y pacífica hasta la calle de Urbieta, en la que ha hecho presencia la Policía Armada, disolviendo la manifestación y haciendo uso de pelotas de goma”. “Posteriormente, un pequeño grupo se ha dirigido a las inmediaciones de la cuesta de Aldapeta, que conduce al cuartel de la Policía Armada, momento en el cual, dos policías armados y dos policías de paisano subían por las escalerillas que conducen al cuartel. Uno de ellos, vestido con un jersey polo color granate, pantalón marrón y gafas, ha comenzado a disparar con una pistola en dirección a los manifestantes que se encontraban en el cruce de las calles de Víctor Pradera y San Bartolomé. El otro presunto policía de paisano, vestido con camisa blanca, ha forcejeado con el que efectuaba los disparos para tratar de impedirlo, sin haberlo conseguido, interviniendo posteriormente la Policía Armada, que ha conseguido que cesaran los disparos. La persona que los ha efectuado se encontraba en un alto grado de excitación y sujetaba la pistola con ambas manos, apoyándolas en la barandilla de la cuesta de Aldapeta. Instantes después, en medio de una nube de humo producida por los botes que lanzaba la policía, ha sonado una ráfaga de metralleta y dos o tres disparos aislados, alcanzando una bala en el pecho al joven de 19 años José Ignacio Barandiaran Urkiola, causándole la muerte. Los testigos presenciales afirman que la ráfaga de metralleta ha partido de un policía armado que ha salido de un jeep que se encontraba a unos quince metros del inicio de la cuesta de Aldapeta, sin que en ningún momento mediara agresión armada por parte de los manifestantes a las FOP, ni éstas se encontraban acorraladas o sitiadas, ni en situación de dificultad, como se demostró posteriormente al cargar y disolver a todos los manifestantes sin grandes dificultades”.

18.3.8

El día 12 la Huelga General es total en Euskadi. Los temidos antidisturbios con base en Miranda de Ebro entran en Rentería en un servicio rutinario. Las calles están vacías y no hay ninguna actividad en el pueblo. Esto parece irritar profundamente a los grises que sin previo aviso ni provocación se pusieron a destrozar escaparates y también a saquearlos sin ningún freno moral. Como en la edad media, el centro de Rentería fue saqueado. No contentos con esto, incendiaron vehículos y destrozan mobiliario urbano. Era la segunda vez en esos años en que esta ciudad vasca sufría el ataque descontrolado de la fuerzas represivas.

18.3.8.1

La tienda ha sido asaltada, rotas sus puertas y sus escaparates.

5) Notas extractadas de "La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos"

Sucesos de Rentería. 12 de julio 1978

La huelga general se extiende, y el miércoles 12 de julio toda Euskadi está prácticamente paralizada. A mediodía del día siguiente, cuando se va recobrando poco a poco la normalidad, una compañía especial de la Policía Armada, integrada por 200 hombres y procedente de Miranda de Ebro, ocupa las calles vacías de Rentería y destroza a culatazos las vitrinas de numerosos escaparates, mientras sus integrantes disparan a las ventanas de las casas pelotas de goma y botes de humo. Numerosas fotografías muestran a los policías sustrayendo objetos de los escaparates destrozados. Martín Villa acuña entonces una de sus frases más lapidarias: “Lo nuestro son errores. Lo otro son crímenes”.

18.3.9

Los estudiantes se sientan y gritan "No nos moverán". Los grises se mueven, tiran botes de humo y cargan. Y así un día y otro día en esos años nefastos donde el pueblo se trajo la democracia, o un trozo de ella, y desde luego, conquistó el estado de bienestar que ahora nos quieren quitar, pues lo que tenían que defenderlo, al contrario de los de la imagen, pasan de todo menos de su móvil y de su botellón, sabiendo que no tendrán trabajo salvo que emigren. Desde luego, con aquella juventud, entre la que me encontraba, no hubiera tenido bemoles ningún gobierno para hacer estos recortes y estas sinvergonzonerías.

Septiembre, 11. Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego, de 16 años, fallece por los disparos de la policía armada durante los incidentes que se producen tras la celebración de la Diada.

27 de septiembre. En Sevilla, Manuel Medina Ayala, militante del PCE, muere apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto de solidaridad con el pueblo chileno.

18.3.10

La ultraderecha organizada alrededor del Frente de la Juventud, envió al diario El País un paquete bomba que estalló causando la muerte de Andres Fraguas y heridas muy graves a Carlos barranco Armenteros y Juan Antonio Sampedro (en la imagen). La indignación fue tremenda, pero Martín Villa no se hizo eco de ella y los responsables directos fueron detenido tres años después cuando la banda en cuestión ya habían cometido otros brutales atentados. Fueron condenados por este y otros delitos, pero cumplieron muy pocos años gracias a las artimañas de las autoridades judiciales. Uno de ellos, ya en libertad, pese a haber sido condenado a 30 años, se presentó a las oposiciones de funcionario de prisiones.

El 30 de octubre, un paquete bomba estalla en la portería de la redacción del diario El País. Muere el conserje Andrés Fraguas Rodríguez y varios empleados más resultan heridos, dos de ellos de gravedad: Carlos Barranco Armenteros y Juan Antonio Sampedro Sánchez. El paquete bomba estaba compuesto por doscientos gramos de goma-2, dentro de una caja acolchada dirigda al director del periódico, Juan Luis Cebrián. El atentado lo reivindica un comando ultraderechista y el ministerio del Interior, encabezado por Rodolfo Martín Villa, no realiza ninguna investigación para esclarecer los hechos y detener a los culpables del asesinato. Trascurrirán tres años hasta que dos fascistas, Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata y Rafael Alfredo Gómez Álvarez, miembros del Frente de la Juventud que encabeza el abogado José de las Heras Hurtado, sean detenidos como responsables de la explosión en El País y condenados a 30 años de prisión. Estos mismos individuos, junto con otro miembro de la banda, Pedro Bel Fernández, (huido a Venezuela y extraditado en 1984) y Jesús Javier Blanco García son también los autores de la colocación de una bomba, el 15 de julio de 1979, en el bar El Parnasillo, de Madrid, que provoca la muerte de Salomé Alonso Varela, de 28 años, y heridas graves a otras diez personas. A la banda pertenecen, además, Leocadio Jiménez Caravaca, condenado por la matanza de Atocha, Tomás Antón Torregrosa, Joaquín López Martínez, Pedro de Haro Pavón, José Luis Sáez Alonso y otros dos ultras que consiguen huir:  Luciano Marbán Pavón e Íñigo Aragonés Sampedro.

Rodríguez-Borlado y Gómez Álvarez, son los autores del atentado con bomba contra el Club de Amigos de la Unesco, en enero de 1980, que hiere gravemente a María Dolores Martínez y Luis Enrique Esteban, y de la colocación de varios explosivos en las librerías Fórum y Express, en la sede de la federación local de CNT, en un chalet propiedad del cantante Víctor Manuel, en el café Colmenar, en la Asociación Pro Derechos Humanos y en varias librerías. José de las Heras, también procesado en el mismo sumario que ellos, huye una semana antes de que se celebre el juicio, aprovechándose de una generosa libertad condicional. La locura asesina de Gómez Álvarez le lleva, el día 7 de julio de 1981, a acabar, a sangre fría, con la vida de Carlos Javier Idígoras Navarrete, de 22 años, que celebra su aprobado en unas oposiciones a factor de RENFE y se encontraba ebrio. Poco después, el 26 de ese mismo mes, dispara en la cabeza a Félix Sanz Arroyo, de 23 años, que le recrimina que interrumpa el tráfico con su vehículo. Sanz queda gravemente herido. Rafael Gómez Álvarez es condenado, por el caso El País, a 30 años, y posteriormente, en otra sentencia de la Audiencia Nacional, a otros 40 años, por tenencia de armas, homicidio, asesinato con alevosía, lesiones muy graves y estragos. Por los mismos delitos, Rodríguez-Borlado es condenado a 30 años por el asesinato de El País, y a 37 años por el resto de los delitos.

18.3.11

Dos históricos sindicalistas, cara a cara, todavía amiguetes pero pronto contrincantes por la deriva felipista, que tan cara pagó Nicolás Redondo. Es enero de 1979 y había mucha inflación y mucho paro. Los sindicatos se manifiestan para llamar la atención del gobierno Suárez. Redondo parece sólido, hecho del hierro vasco y mira con nobleza y con decisión. Marcelino aparenta ser más frágil, pero que va, Marcelino es como un junco, acostumbrado a todos las inclemencias, por las que por cierto no pasó Redondo, o al menos no tanto. Ambos fueron fagocitados sin compasión por personas cercanas de su entorno político. Y a su final, lo sindicatos surgidos de la lucha contra el franquismo, se convirtieron en burocracias sindicales en el mismo camino que los partidos. El camino de la monarquía parlamentaria juancarlista.

El 15 de diciembre, tras un enfrentamiento armado entre un comando etarra y la Guardia Civil, en Mondragón, mueren dos miembros de ETA. Cuando ambos ya han caído al suelo, heridos de muerte, aparece otro coche policial y los miembros de su dotación comienzan a disparar indiscriminadamente. A raíz de esas ráfagas de subfusil muere el vecino de la localidad Emilio Larrea, que se halla en la puerta de su caserío, a más de cien metros de los hechos. También resultan heridos de bala el estudiante Roberto Beltrán, que es alcanzado por un disparo cuando sale de la escuela profesional donde está matriculado, y otra transeúnte, Crescencia Vidaurreta.

18.3.12

El 27 de febrero de 1979 una banda ultra agredió a la Secretaria General de la Joven Guardia Roja, Josefina López Gay. Pina, como se la conocía, ya había demostrado su cuajo en anteriores intervenciones policiales y para-policiales. La joven luchadora siempre supo mantener la dignidad en todos los ataques que sufrió por motivo de su cargo. El último, fue durante el 23F, cuando una banda fascista fue a por ella con siniestras intenciones y la tuvo retenida horas. El valor, en estos hechos y los anteriores, proviene de que Pina sabía que podían acabar con su vida impunemente como ya venían haciendo con otros luchadores y luchadoras y como hicieron con Yolanda González, dos años después. Pina era dirigente del Partido de los Trabajadores de España. Y era admirada en la izquierda, precisamente por lo que tanto nos falta ahora, por su entrega a la causa. Pina abandonó la política en 1992. Desgraciadamente murió en el año 2000 en la localidad sevillana de Coria, donde residía. Su muerte fue una sorpresa para todos y fue muy sentida por los que, como ella, andábamos por Madrid, primero contra Franco, y luego contra los gobiernos de Arias y Suárez.

6 de marzo. Ursino Gallego, de 14 años, muere por el impacto de una bala de goma que dispara la policía durante el transcurso de una manifestación vecinal convocada bajo el lema de “¡Queremos agua!”.

18.3.13

La dura huelga de los maestros durante el gobierno Suárez, y que se ganó, ya protestaba contra la privatización de la enseñanza.

Muerte en Madrid. 20 de abril de 1979

20 de abril. En Madrid, funcionarios de la Brigada Central de Información, dirigida por Roberto Conesa matan al miembro del PCE (r) Juan Carlos Delgado de Codes. Le disparan por la espalda cuando sale, desarmando, de la estación de metro de Lavapiés. Los policía que lo asesinan son Juan Luis Abuin Sallo, José María García González y Juan Carlos Salgado Sandez. Este crimen provoca serios roces entre Conesa y el jefe superior de policía de Madrid, Francisco de Asís Pastor, un funcionario policial con carácter más abierto que los ultras de la Brigada Central de Información.

Asesinato en Madrid. 29 de abril de 1979

El día 29 de abril es asesinado en Madrid el joven comunista Andrés García. “Le han partido el corazón en dos”, le dice el forense a Carmen Fernández, la madre del chico, después de hacer la autopsia al cadáver. El joven madrileño ha ido al cine Carlos III, en la calle de Goya, y a las nueve de la noche, cuando él y otros cuatro amigos salen de ver la película, deciden ir a comer unos perritos calientes a un pequeño bar de la calle de Alcalá, junto al cine Benlliure. Suben por la cera de los impares de Goya, cruzan Velázquez y Núñez de Balboa y pasan por delante de la cafetería California 47. “En la puerta había un tapón de jóvenes, de pie, y enfrente otro grupo, unos de pie y otros apoyados en un coche” comentaba para la revista La Calle, días después del asesinato, Alberto, uno de los amigos de Andrés, que le acompañaba aquel triste día. “Nos llamó la atención uno que llevaba un brazalete con la cruz gamada. Le miramos y pasamos de largo. Unos metros más allá, uno de nosotros volvió la cabeza y nos dijo que estaban pegando o zarandeando a un señor mayor. Yo les dije a todos que no volvieran la cabeza. Seguimos. Antes de llegar a General Mola, José nos dijo que nos seguían. Empezamos a ponernos nerviosos y aceleramos el paso. Cuando cruzamos General Mola, ellos empezaron a correr. Yo iba con otro detrás. Andrés iba delante de nosotros. De repente, sentí algo, como un puño envuelto en algo. Me volví y les dije: ¿pero qué hacéis? El muchacho que había fallado el golpe se volvió entonces hacia los que venían y yo grité: “Salid corriendo que están armados”. Cuando los amigos llegan a la altura de la cervecería Cruz Blanca, en la confluencia de Goya y Alcalá, Andrés no está con ellos. Ha quedado tendido en el suelo, más atrás, con dos puñaladas en el corazón.

Cuarenta y ocho horas después de su asesinato, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, declara en rueda de prensa: “Sí, es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Creo, sin embargo, que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada”. Son detenidos por el asesinato José Luis Martínez Merino, de 16 años, autor material de la puñalada mortal y miembro del Frente de la Juventud; Federico Baudin Picharro, de 18 años, que sujeta a Andrés mientras Martínez le clava un machete; Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de 17 años, y un menor, de sólo 15 años. El Frente de la Juventud, formado a partir de una escisión de Fuerza Nueva, es oficialmente legal desde el 30 de noviembre de 1978. A pesar de que varios de sus militantes aparecen implicados en asesinatos y múltiples actos violentos durante los últimos años de la década de los 70, la formación nunca llega a ser ilegalizada. Andrés había nacido en el seno de una familia obrera emigrada a Francia en 1969, cuando él era poco más que un niño. Los García regresaron a Madrid en 1977, sólo dos años antes del crimen. El joven asesinado era miembro de la Agrupación de las Juventudes Comunistas de Retiro.

No se atreve a presentarse a declarar ningún testigo presencial del crimen. Y tampoco llega a saberse nunca quién es la persona que lleva a Andrés, ya moribundo, hasta el hospital Francisco Franco (Gregorio Marañón, en la actualidad) cercano al lugar de los hechos. Tampoco comparecen las dos chicas a las que, unos minutos antes del asesinato de Andrés, agreden Martínez y Baudín porque una de ellas lleva una pegatina del Ché en el bolso.

El caso es juzgado por la jurisdicción ordinaria, no por la Audiencia Nacional, lo que descarga de intencionalidad política el crimen. Se considera la muerte de Andrés fruto de una pelea callejera. Los criminales ultras son procesados por “homicidio”, no por asesinato. Los padres de Andrés quedan destrozados tras su muerte y, aún hoy, 26 años después de aquel día de abril de 1979, no se sienten con fuerzas para hablar públicamente de la pérdida de su hijo.

18.3.14

Pues sí, ha habido elecciones, el pueblo es supuestamente soberano, pero el 1 de mayo de 1979 en la fiesta anual de Villalar de los Comuneros, la Guardia Civil todavía usaba armas de guerra para mantener el orden público ante estos peligrosos melenudos que no quieren despejar la cera del ayuntamiento del pueblo.

Muerte en Tudela. 3 de junio de 1979

Gladis del Estal muere en Tudela. Le dispara un guardia civil mientras ella permanece sentada en el suelo, durante una concentración que se celebra con motivo del Día Internacional contra las Centrales Nucleares. El ministro del Interior Ibáñez Freire declara que la muerte es fruto de un disparo fortuito y se archiva el caso. No se determina ninguna responsabilidad penal ni política por el nuevo crimen. El gobernador civil de Navarra, Eduardo Ameijide, se permite decir: “Respeto todas las peticiones, pero no pienso dimitir”. Las manifestaciones de protesta por la muerte de Gladis se prolongan por toda Euskadi durante varios días, hasta el día 7. En una de ella resulta herido de bala, por disparos de la policía, José García Rodríguez, obrero de Basauri.

Desmanes ultraderechistas en San Sebastián. 3 de junio de 1979

Poco después, policías de paisano hacen incursiones en el casco viejo de San Sebastián y Pamplona, golpeando a los viandantes. Sólo unos meses antes, durante una razzia similar, desatada el día de la popular “Tamborrada” de San Sebastián, el policía nacional José Pajarón Rodríguez, que vestía de paisano, había perdido su carnet de identidad tras herir gravemente a una persona. Coincidiendo con estos hechos, un guardia civil ebrio da muerte a tres personas en la sala de fiestas Bordatxo, en Navarra.

Muerte en Andoain. 6 de junio de 1979

Un comando parapolicial secuestra y asesina en Andoain (Guipúzcoa) a José Ramón Ansa Etxebarría, de 17 años. Reivindica el crimen el Batallón Vasco Español.

Asesinato en Rentería. 10 de junio de 1979

El día 10 de junio por la noche, un policía de paisano, “franco de servicio”, dispara contra Vicente Vadillo, un cliente del bar Apolo, en Rentería, causándole la muerte. La asamblea realizada una horas después en el pueblo para tratar el caso es interrumpida y duramente reprimida por la policía. A continuación, los agentes llegan a asaltar el ayuntamiento, donde se halla reunida la Corporación local, y golpean a los ediles.

El 28 de junio son asesinados en París los miembros del PCE (r) Javier Martín Eizaguirre y Aurelio Fernández Cario. Reivindica el atentado el Batallón Vasco Español (BVE). Ambos llevaban varios años refugiados en Francia y habían sido denunciados falsamente como terrroristas, en un artículo del semanario Blanco y Negro, por el periodista-policía franquista Alfredo Semprún. El mismo que entrevistó a uno de los asesinos de los abogados de Atocha, Lerdo de Tejada, cuando escapó de prisión.

18.3.15

Octubre de 1980. El secretario general de las Juventudes Socialistas, Juan Antonio Barragán, se persona con otros compañeros en el Consejo de guerra que se sigue en la III Región Militar (Valencia) contra jóvenes acusados de sedición en la ultramontana visión que de los jóvenes en edad militar tenían entonces los mandos militares.

Crimen en Valencia. 29 de junio de 1979

El 29 de junio muere el trabajador del mercado de Valencia Valentín González Ramírez, de 20 años, a consecuencia del impacto de una bala de goma que le dispara a bocajarro un policía nacional. Valentín se dispone en ese momento a ayudar a su padre, que está siendo brutalmente apaleado por otro agente. Los hechos suceden durante una huelga legal de las “collas” de carga y descarga del mercado valenciano. Los trabajadores de este sector reclaman el cumplimiento del laudo dictado por la Delegación de Trabajo de Valencia, que obliga a los empresarios del sector a subir los salarios de sus empleados. Los asentadores no han hecho caso de la resolución: ni la recurren, ni pagan. Las deudas a los trabajadores se han ido acumulaban hasta superar los 13 millones de pesetas. Los descargadores deciden entonces recurrir a la huelga legal, en defensa del cumplimiento del laudo y del pago de los atrasos. Se entrega en el Gobierno Civil un extenso escrito informando a las autoridades de cuál es la situación y señalando que se convoca la huelga como única posibilidad de presión que les queda. El día 25 por la mañana hay una asamblea en la que participan los 115 descargadores del Mercado de Abastos. En ella se decide no provocar el más mínimo incidente y se recuerda que están actuando dentro de la más estricta legalidad. Se propone que los piquetes informativos que se van a situar a la entrada del mercado estén compuestos por trabajadores mayores de 60 años. El resto de los huelguistas se mantendrá dentro del mercado en actitud pacífica. Hacia las ocho de la tarde, se forma una barrera a la entrada del mercado, con vallas metálicas y carretillas, para impedir la entrada a los transportistas, y se reparten hojas explicativas a camioneros y transeúntes. No hay ningún enfrentamiento con los transportistas. Media hora después llega a las inmediaciones del mercado un fuerte contingente policial, al mando de un oficial, que se dirige a los trabajadores diciendo que la policía no interfiere en asuntos laborales y que sólo quiere saber si la huelga es legal. Mientras un trabajador va a buscar los papeles oficiales que acreditan la legalidad de la convocatoria, el mando policial se acerca a su vehículo y habla por teléfono. Cuando vuelve, le ensañan los papeles, pero se desentiende de ellos y conmina a los huelguistas a que desalojen la zona en tres minutos.

Algunos trabajadores, entre ellos Valentín y su padre, se refugian en la caseta de vestuarios que hay a la entrada del mercado. La policía lanza una bomba al interior y el ambiente se hace allí irrespirable. Con una silla, los hombres que hay dentro de la caseta rompen los cristales de la ventana que da a la calle y saltan desde ella. Valentín, con su padre y otros compañeros, sale por la puerta. Un policía comienza a apalear al padre del joven y éste se acerca para protegerle con su cuerpo. En ese momento, otro agente, que está a sólo dos metros, dispara una bala de goma contra Valentín, quien, casi inconsciente tras recibir el impacto del proyectil, se derrumba sobre una valla. Un golpe terrible en la cabeza, con una porra, le hace caer definitivamente al suelo. Se produce una gran tensión y algunos policías, montando sus subfusiles, impiden que otros trabajadores se acerquen al joven caído. Los mismos policías le practican la respiración artificial y un masaje cardíaco y, al ver que no reacciona, permiten que se suba su cuerpo al coche de un compañero, que le traslada al Hospital Provincial. Cuando llega allí, a Valentín sólo le queda un aliento de vida y no hay tiempo de intervenirle quirúrgicamente: la gran hemorragia interna que sufre acaba con su vida. Ante tan inesperada tragedia, su padre queda completamente trastornado, si capacidad para reaccionar. Un centenar de compañeros de Valentín hacen guardia ante un círculo de carretillas de carga y descarga, en el lugar donde el joven ha caído herido de muerte. En el centro, pintan la silueta del trabajador con una cruz sobre el corazón. Sindicalistas, trabajadores y vecinos inundan de flores ese reducido espacio. El gobernador civil, José María Fernández del Río, que estaba fuera de Valencia mientras se producían los acontecimientos, regresa rápidamente a la ciudad y declara provocativamente: “La policía ha sido demasiado blanda”.

El día 27 tiene lugar en Valencia una jornada de huelga general, que es respaldada de forma masiva, y más de cien mil personas salen a la calle para protestar contra el crimen. Es la mayor manifestación celebrada en la ciudad del Turia hasta ese momento. A las tres en punto, las sirenas de los barcos del puerto suenan tres veces, cuando la cabeza de la comitiva llega al cementerio. El féretro con el cadáver de Valentín, cubierto por la bandera rojinegra de la CNT, sindicato al que pertenecía, pasa en volandas sobre manos acostumbradas a cargar y es depositado en la tumba. El silencio queda roto a partir de ese momento, con gritos que reclaman justicia. Un comunicado conjunto, firmado por todos los sindicatos de clase, el día 26, señala: “Otro militante obrero ha caído. Una vez más, cuando todavía suenan los ecos de las balas de Euskadi, las fuerzas de “orden público” han hecho otra víctima para ofrecerla al Estado que las ceba. Los hijos de las dictaduras son como ellas mismas. Los retoños del franquismo y las instituciones que lo prolongan son familiares a los métodos de aquél en cuyo seno se han hecho políticos y cuya política hoy tenemos que sufrir. ¡ABAJO LA MONARQUÍA! ¡FUERA SUS ASESINOS A SUELDO!"

Ningún político dimite y ningún policía es procesado por la muerte de Valentín. En 1993, por iniciativa de la central sindical CGT y del Ateneo Libertario “Al Margen”, se constituye una plataforma popular para reivindicar que el Instituto de Enseñanza Media ubicado en lo que fue el antiguo Mercado de Abastos de Valencia lleve el nombre de Valentín González. “Queremos homenajear, en el recuerdo de Valentín, a los trabajadores anónimos que lucharon por las libertades, tanto en la Dictadura como en la Transición. Pensamos que esta iniciativa puede constituir un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de una época sobre la que se quiere echar un manto de olvido”, manifiestan los impulsores de esta iniciativa en un comunicado. Desde entonces siguen recordando a Valentín con periódicas concentraciones en el lugar donde el joven trabajador fue asesinado.

18.3.16

El 13 de diciembre de 1979, la policía asesina a dos jóvenes estudiantes, José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez en las manifestaciones contra la legislación laboral del gobierno Suárez. Esta desproporcionada intervención policial provoca reacciones de rechazo en las tres universidades de Madrid y en todos los partidos políticos y asociaciones de vecinos, etc... El año 1979 terminaba muy sangriento. La Policía Armada, la Guardia Civil, y la extrema derecha en connivencia con miembros destacados de las anteriores provocaron muchas muertes, más de una veintena de jóvenes fueron asesinados ese año, en general manifestantes nada violentos a los que, después, los comunicados oficiales convertían en peligrosos delincuentes. Esta técnica de denigrar a la victima de la brutalidad policial ya se empleaba con la monarquía alfonsina. En la imagen, jóvenes manifiestan su opinión sobre los hechos en un autobús municipal, mientras suben los pasajeros.

Verano de 1979

A lo largo del verano de 1979, las intervenciones policiales para disolver manifestaciones incrementan trágicamente la nómina de muertos y heridos de bala durante la Transición. Un alcalde del Bajo Llobregat queda inválido a consecuencia de un disparo efectuado por un número de la Guardia Civil y tres personas más resultan heridas en sendas manifestaciones. Dos trabajadores son asesinados en un bar por un policía nacional ebrio. En Santa Coloma de Gramanet, grupos fascistas, en connivencia con la policía, disparan hiriendo a dos jóvenes, mientras que, durante la “diada” de Valencia, los efectivos antidisturbios se retiran para que un grupo de militantes de Fuerza Nueva apalee al alcalde de la ciudad, Ricard Pérez Casado.

Bomba en el bar Parnasillo. 15 de julio de 1979

El 15 de julio fallece Salomé Alonso Varela, de 28 años, en el barrio madrileño de Malasaña, al explotar una bomba colocada por un grupo ultraderechista en el bar El Parnasillo. La deflagración provoca también varios heridos graves. Los autores del atentado son los mismos que provocaron la muerte del trabajador del diario El País Andrés Fraguas con otro explosivo.

Muertes en Anglet. 2 de agosto de 1979

El 2 de agosto, dos refugiados vascos son ametrallados en Anglet (Francia) por un comando parapolicial. Muere Juan José Lopategui Carrasco y resulta gravemente herido Angel Iturbe Abasolo. Reivindica el atentado el BVE.

Asesinato en Arganda del Rey. 31 de agosto de 1978

El 31 de agosto, como culminación de varios días de agresiones y provocaciones constantes, un grupo de jóvenes ultraderechistas asesina a José Prudencio García, de 44 años, en la localidad madrileña de Arganda del Rey. El ejecutor material es Luis Miguel Martín, militante de Fuerza Nueva. Otro de los ultras que intervienen en el asesinato, Iñigo Guinea Pérez, es detenido por la policía municipal del pueblo y entegado a la Guardia Civil, que lo pone en libertad apenas transcurrida media hora. En 1980, Guinea participa en el asalto ultraderechista al bar San Bao, donde muere el joven Juan Carlos García Pérez. Acabará huyendo de España, sin pagar sus crímenes.

Muerte en Biarritz. 3 de septiembre

3 de septiembre. En Biarritz, muere ametrallado por un comando parapolicial el refugiado vasco Perico Elizarán

Asesinato en el parque del Retiro. Madrid. 13 de septiembre de 1979

El 13 de septiembre de 1979, José Luis Alcazo, de 25 años, es asesinado a golpes de bates de béisbol por un grupo de ultraderechistas. Licenciado en Historia, sin ninguna filiación política, pasea tranquilamente por el Retiro con varios amigos cuando se lanzan sobre él desde las sombras. Entre los agresores se encuentra Fernando Pita da Veiga y Corral, sobrino del almirante y ex ministro franquista Pita da Veiga, el que dimitió como ministro de Marina cuando fue legalizado el PCE, en la Semana Santa de 1977. Fernando Pita también ha formado parte del comando que asaltó, poco antes del asesinato de José Luis Alcazo, el Instituto San Isidro e hirió a dos estudiantes. El grupo de asesinos lo integran también Eduardo Juan Limiñana Sanjuán, Miguel Cebrián Carbonell, Gabriel Rodríguez Medina, Miguel Fernández Alegre, Emeterio Iglesias Sánchez, Pablo Calderón Fornos, José Antonio Nieto García y sus dos hermanos, Angel Luis y José María. Los “bateadores” tienen entre 14 y 19 años. Se han dado cita en El Retiro para llevar a cabo lo que ellos llaman “acciones de hostigamiento contra los rojos, drogadictos y homosexuales” que puedan encontrarse. Armados con palos, cadenas y bates de béisbol, en los que han inscrito “Viva el fascio redentor”, se adentran en el parque, hacia las nueve de la noche, y atacan a varios grupos de personas. Cuando están agrediendo a Luis Francisco Canicio y Jesús Manuel Oyamburu, José Luis Alcazo interviene para intentar ayudarles y los fascistas se ensañan con él, dándole golpes en la cabeza hasta matarle.

Dos de los ultras son condenados como autores materiales del crimen, considerado por los jueces sólo como homicidio: Angel Luis Nieto y Eduardo Limiñana, a quienes les caen 11 años. Además, es sentenciado a tres años de prisión José Antonio Nieto, y a dos años y seis meses, Rodríguez Medina. El resto de los procesados se les imponen penas menores que no implican su ingreso en prisión. Rodríguez Medina, hijo de un oficial del Ejército, permanece ingresado muy poco tiempo y, además, de forma absolutamente irregular, en la prisión militar de Alcalá de Henares.

Muerte en Oviedo. 20 de septiembre.

20 de septiembre. En Oviedo muere por disparos de la Guardia Civil Valeriano Martínez Pérez, de 44 años, durante un enfrentamiento de un piquete de huelguistas con la fuerza pública.

Incendio y muertes en Valladolid. 8 de diciembre de 1979

El 8 de diciembre mueren dos ancianos a consecuencia de un incendio provocado en la sede del MC de Valladolid. Los fallecidos vivían en el piso de arriba. La violencia ultra en la ciudad castellana protagoniza numerosos episodios durante la Transición y provoca bastantes heridos. El 6 de enero de 1981 será tiroteado el bar “El Largo Adiós”, lugar de encuentro de jóvenes progresistas, y resultará gravemente herido Jorge Simón, de 26 años, por un balazo en la cabeza y otro en el pecho.

18.3.17

Imagen insólita. La Sanidad pública se ha puesto en huelga y los grises entran en los hospitales. El contraste entre ambos lados describe perfectamente la imagen. A la derecha los titulares, a la izquierda los no invitados.

El 13 de diciembre, en Madrid, tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ese día se celebran cuatro manifestaciones en la capital. Una por la mañana, autorizada, patrocinada por el movimiento sindical universitario, a la que asisten decenas de miles de estudiantes y en la que se producen fuertes enfrentamientos con la policía. Las otras tres tienen lugar por la tarde. Una en Cuatro Caminos, convocada por la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional, en la que se reproducen los enfrentamientos con las FOP. Otra en la calle de Princesa, donde los estudiantes de las universidades madrileñas han convocado a la misma hora una concentración. Los estudiantes de las dos manifestaciones estudiantiles, disueltos violentamente por la policía, van protagonizando distintos “saltos” por el centro de la ciudad, acercándose a una tercera manifestación, convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario, que en esos momentos transcurre por la calle de Embajadores. Los estudiantes y los obreros confluyen a la altura de la Ronda de Valencia, cerca de la Glorieta de Embajadores, donde se levantan barricadas para impedir el paso de los vehículos policiales. La dotación de un Land Rover policial comienza a disparar sus subfusiles y provoca dos muertos y varios heridos de bala. En el costado de un autobús de la EMT, cruzado en la Ronda de Valencia, se pueden ver decenas de orificios de bala, a la altura de la cabeza de los manifestantes. Cuando la concentración está prácticamente disuelta, policías antidisturbios, en obvio estado de ebriedad, se dedican a introducir sus dedos en los agujeros que han provocado los proyectiles, entre risotadas, y chapotean con sus botas en los charcos que la sangre de los muertos ha dejado sobre el asfalto.

Varios testigos presenciales de aquella barbarie somos citados a declarar ante el juez instructor del caso, Clemente Auger, magistrado del juzgado de Instrucción nº 3, que, por primera vez en la Transición, solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Son los funcionarios Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García. La reconstrucción de los hechos realizada por el juez difiere  enormemente de la versión oficial dada por la Dirección General de Seguridad y el ministro del Interior Antonio Ibáñez Freire. José Luis Montañés ingresa ya cadáver en el Hospital Provincial, a consecuencia de un disparo que le atraviesa el cuello. Emilio Martínez presenta una herida en el hemitórax derecho y se le extrae la bala. Se comprueba que ha sido disparada por un policía nacional Manuel Ortega García. Otro funcionario, Antonio Francisco Garrido Sánchez, reconoce haber disparado ocho veces al aire. Sin embargo, sus balas hieren a Luis Sáenz Robles en una rodilla y a Esteban Montero en el cuerpo. Se producen enormes presiones policiales y hay una gran crispación en los centros sanitarios donde están ingresados los heridos. La policía intenta recuperar las balas.

La versión policial de que el jeep estaba acorralado no se sostiene, la desmienten numerosos testigos presenciales y, además, resulta elocuente comprobar la ubicación de algunos de los heridos: María Patricia McAnurty, de nacionalidad británica, que se encuentra visitando Madrid como turista, recibe un impacto de bala en la calle de Bernardino Obregón. Esteban Montoro es herido de bala cuando está en la Glorieta de Embajadores. Sólo Luis Sáenz Robles recibe el disparo a menos de 50 metros del jeep, cuando está junto a la calle de Valencia. Pero el gobernador civil Juan José Rosón no varía su versión. Continúa sosteniendo que el jeep policial ha sido agredido y rodeado, a pesar de las evidencias en contra que va desvelando la instrucción judicial. El sumario cuestiona también claramente las roturas que presenta el vehículo, supuestamente maquillado para la ocasión por orden del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encarga de conducir él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la DGS en la Puerta del Sol. La dotación del jeep tarda más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Al parecer, “por problemas de tráfico”. Los policías presentan también numerosas piedras que, según ellos, han sido lanzadas contra el Land Rover. Luego se comprueba que proceden de un río. Televisión Española repite hasta la saciedad que a José Luis Montañés se le ha encontrado una bolsa con setenta mil pesetas. Lo que no se aclarará más tarde es que, investigada la procedencia del dinero, se puede comprobar que el estudiante fallecido trabajaba como cobrador en la agencia de viajes Marsans y ese es el resultado de la recaudación del día. Todos los sobres con el dinero llevan el membrete de Marsans. Uno de ellos, que contiene 38.403 pesetas, está, curiosamente, a nombre de la mujer del ministro de Universidades, González Seara. Es el pago por unos billetes para el vuelo Madrid-Viena. El día de la reconstrucción judicial de los hechos, dirigida por Clemente Auger, los policías presentes no cesan de amenazar e intimidar a quienes hemos sido citados como testigos y el juez tiene que ordenarles que se retiren unos metros. Cuando la autoridad judicial desaparece, destrozan a patadas el pequeño túmulo construido con velas en el lugar donde cayeron muertos los dos jóvenes. Un documental elaborado en súper ocho por dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información, en el que se recogen esclarecedores testimonios y se reconstruyen minuciosamente los hechos, es secuestrado por la autoridad gubernativa, que también ordena detener a los autores de la cinta. El juez Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de los tres policías. Forman parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey, este último ha sido gobernador civil de Sevilla en vida de Franco.

Cuando tomó posesión de ese cargo en la ciudad hispalense, manifestó públicamente en su declaración de intenciones: “Hago poco, pero duro”. Y el gracejo sevillano lo bautizó como “el estreñido”. Preside la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gusta lucir ostensiblemente la bandera nacional con el aguilucho franquista en su chaqueta. El procesamiento de los tres policías es denegado y se archiva el caso.

Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 1984, uno de los testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, José Luis Carrero Arranz, participa en una manifestación en recuerdo de los dos jóvenes asesinados, que también es reprimida por la policía. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979.

Con el gobierno el PSOE y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, hay cosas que no cambian. Esta vez, los policías sí consiguen arrebatar el proyectil a los médicos. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él.

Muerte en Hernani. 25 de diciembre de 1979

El 25 de diciembre, el BVE tirotea en la localidad guipuzcona de Hernani a Juan Luis Zabaleta, que es encontrado muerto. Aparece con disparos de bala en el vientre

18.3.18

Bilbao, mediados de 1980, manifestación contra la guerra sucia de la que todos los españoles estábamos hartos.

Sangriento año 1980

En 1980 la violencia ultraderechista alcanza unas cotas terribles de violencia en las calles. El día 8 de enero, aparece en el barrio de Sagroniz, a doce kilómetros de Bilbao, el cadáver de la joven de 17 años Ana Teresa Barroeta. Su cuerpo, materialmente cosido a cuchilladas, presenta huellas de haber sido violado. Exactamente cinco meses después, el 8 de mayo, María Josefa Bravo, también de 17 años, es descubierta en San Sebastián con el cráneo aplastado.

Ambos asesinatos los reivindica el Batallón Vasco Español. Entre uno y otro hecho se producen más de una docena de atentados graves firmados por los elementos franquistas, con un total de trece muertos y casi una veintena de heridos de grave consideración. La represión sangrienta contra los militantes de izquierda se presenta en este período básicamente en su forma parapolicial.

Se producen agresiones contra locales culturales, asociaciones de vecinos y sedes de partidos de izquierda. Los atentados contra librerías y los asaltos a escuelas y facultades se recrudecen. Y la connivencia o incluso la participación directa de la policía queda en evidencia en muchos casos. El grupo de asesinos que penetra en el bar San Bao de Madrid dialoga, unos momentos antes de perpetrar su criminal agresión, con las fuerzas antidisturbios que los han estado protegiendo mientras hacían pintadas ultras, a tan sólo un centenar de metros de donde se va a producir la muerte de Juan Carlos García. En Vallecas, tras la muerte de Vicente Cuervo, son los propios policías quienes paran taxis para que se introduzcan en ellos los pistoleros y se alejen del lugar del crimen.

Las manifestaciones y asambleas convocadas en respuesta a los asesinatos fascistas son sistemáticamente reprimidas por las fuerzas antidisturbios. Casi 50 detenidos se producen en Madrid durante los actos de protesta por el atentado del San Bao; un joven resulta herido de bala en una pierna por disparo de la policía el día siguiente de la muerte de Jorge Caballero, y una vecina de Basauri, María Pérez, sufre conmoción cerebral, por el impacto de un bote de humo, cuando participa en un acto donde se informa de la muerte de María José Bravo.

El día 15 de enero explota una bomba en el bar Aldana de Baracaldo, con el resultado de cuatro personas muertas, Liboria Arana Gómez, Manuel Santacoloma, María Paz Armiño y Pacífico Fica Zuloaga. También se producen diez heridos graves. A uno de ellos, Andoni Mendoza, hay que amputarle una pierna. Reivindican el atentado los Grupos Armados Españoles (GAE). El día siguiente, Carlos Saldise Corta, de 33 años, simpatizante de Herri Batasuna, es asesinado en Lezo, también por los GAE. El 26 de enero, una carta bomba enviada al Club de Amigos de la Unesco de Madrid hiere gravísimamente a dos miembros de la entidad, María Dolores Martínez y Luis Enrique Esteban . Ella queda con la cara destrozada y pierde el ojo izquierdo, él sufre la amputación de una de las manos y queda con la otra muy dañada. Los autores del atentado son los mismos que provocaron la muerte del trabajador de El País Andrés Fraguas con otro paquete bomba. Llevan cometiendo actos criminales durante varios años sin que el ministerio del Interior se haya preocupado de seguirles la pista. El 2 de febrero, Jesús María Zubikarai Badiola, simpatizante de Euskadiko Ezkerra, en Eibar, y Yolanda González, en Madrid, son asesinados a tiros en sendos atentados reivindicados por el Batallón Vasco Español. Ocho días después, es asesinado en el popular barrio madrileño de Vallecas el joven Vicente Cuervo, durante unos incidentes provocados por militantes de Fuerza Nueva. Los dos miembros de un matrimonio simpatizante de HB, María del Carmen Villarramendi y Juan María Ijurko, resultan gravemente heridos por la explosión de una bomba situada bajo su coche. A él se le amputan la pierna y la mano izquierdas. El día 15 de abril, en Madrid, un joven de la CNT, Jorge Caballero, es acuchillado a la salida de un cine. Muere dos semanas después. El 18 o 19 de abril, Felipe Sagarne es asesinado en Hernani, de dos disparos en la cabeza realizados a bocajarro. Reivindica el atentado el BVE. El 1 de mayo, tres personas son brutalmente acuchilladas en Madrid, al término de la manifestación convocada por las centrales sindicales. Uno de ellos, Arturo Pajuelo, muere a las pocas horas. Seis días después, un grupo fascista asalta en Madrid el bar San Bao, disparando contra quienes se encuentran en su interior. Muere Juan Carlos García y son heridas varias personas más. Los atentados del BVE se recrudecen en Euskadi durante el verano de ese año. En agosto, es asesinado en Irún José María Etxebeste y en Ondárroa es ametrallado y muerto Angel Etxaniz, militante de Herri Batasuna. En septiembre, en la localidad de Hernani, son asesinados Luis María Elizondo Arrieta y Miguel María Abelain Eche. En noviembre, se produce un atentado contra dos personas de etnia gitana en Hernani, a raíz del cual fallece Joaquín Antimasbede. Ese mismo mes son asesinados en Caracas los dos miembros de un matrimonio vasco, exiliados en Venezuela, Joaquín Alfonso Etxeberría y Esperanza Arana. También se produce un atentado en Hendaya (Francia), en el que mueren Jean Pierre Haramendi y José Kamio.

18.3.19

Yolanda González era una vasca afincada en Madrid desde hacía una año, cuando los fascistas se fijaron en ella. Parece que solía llevar símbolos vascos, que era del PST de Tierno y que era una entregada a la causa de la democracia. Fue suficiente para la caverna: secuestro, malos tratos y tiro en la nuca, y aquí no pasa nada.

Asesinato de Yolanda González Martín en Madrid. 1 de febrero de 1980

La noche del 1 de febrero de 1980 es asesinada por un comando ultraderechista la estudiante Yolanda González Martín, de 18 años. Esa misma tarde, David Martínez Loza, Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad y el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo se han reunido en un piso del centro de Madrid. Martínez Loza, responsable de la “Sección C”, la estructura militar de Fuerza Nueva, les ordena secuestrar y matar a la joven Yolanda González, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que se ha destacado en la lucha de los estudiantes universitarios y de enseñanza media contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), que está teniendo lugar durante los últimos meses. Las movilizaciones estudiantiles han sido reprimidas duramente por la policía y en el transcurso de una manifestación, el 13 de diciembre, han muerto José Luis Montañés y Emilio Martínez. Yolanda ha nacido en 1961 en el barrio bilbaíno de Deusto y estudia Electrónica en el Centro de Formación Profesional de Vallecas. Más tarde, Martínez Loza confirma telefónicamente sus órdenes. La operación adquiere prioridad sobre la prevista colocación de una bomba en los locales de “Publicidad Cinco Cero”, agencia del grupo Z (Interviú es una de las obsesiones de los ultraderechistas durante la Transición). Félix Pérez Ajero y Ricardo Prieto Díaz –miembros de Fuerza Nueva-, el policía Rodas y el guardia civil Juan José Hellín Moro, hermano de Emilio Hellín, se quedan vigilando en los alrededores del portal 101 de la calle de Tembleque –Aluche-, mientras éste y Abad secuestan a Yolanda. La llevan hacia San Martín de Valdeiglesias y allí, en plena carretera, le disparan dos tiros en la sien –Hellín- y uno en el brazo –Abad-. En la más pura tradición de los “paseos” franquistas. El atentado lo reivindica el Batallón Vasco Español, que también ha hecho lo propio con el asesinato en Eibar de José Miguel Zubikaray, el mismo día 1 de febrero. A Yolanda probablemente la asesinan pasadas las 24 h., ya el día 2.

Tras la detención de Hellín y Abad, se descubre que en los pisos francos alquilados a nombre del primero y en los locales de su escuela de electrónica, un conjunto abrumador de medios a su disposición: armas, cartuchos de goma-2, material de grabación, transmisión y emisión, granadas de mano PO, reglamentarias del Ejército español, material auxiliar de explosivos, detonadores de mecha corta, cebos electrónicos, un bolígrafo pistola... y lo más interesante: receptores emisores de la Guardia Civil y un terminal de computador Escaner VHF, conectado directamente con el computador central del “Grupo 8” de los Servicios de Información de la Guardia Civil. Se descubre que ese minicomputador-terminal corresponde a una partida de ingenios de la misma serie vendidos al Estado y destinados al ministerio del Interior. Es desconectado, sin orden judicial, por los inspectores encargados de la investigación y desaparece para siempre, a pesar de todos las gestiones que se hacen para conocer su paradero y poder recuperarlo.

Félix Pérez y Ricardo Prieto, a pesar de pesar que sobre ellos una orden de búsqueda y captura, continúan viviendo durante meses en sus domicilios. David Martínez Loza es detenido pero obtiene la libertad del titular del juzgado nº 1 de la Audiencia Nacional, el reconocido juez franquista Ricardo Varón Cobos, que decide no procesarle. Este magistrado se opone también al registro de la sede de Fuerza Nueva en la calle madrileña de Mejía Lequerica. Posteriormente, las resistencias judicales continúan obstruyendo la investigación. Los abogados de la acusación particular dirigen fuertes críticas a la actuación, en las diligencias sumariales, del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ibáñez, que califica los hechos como un delito de homicidio, no de asesinato. Señalan que el fiscal no se ha tomado la molestia de escuchar siquiera las cintas magnetofónicas intervenidas a los procesados, ni ha estado presente en las declaraciones antes el juez de algunos testigos propuestos por la acusación particular. Insisten en que, a través de la investigación del asesinato de Yolanda, “se puede profundizar en las conexiones de miembros de los aparatos de seguridad del Estado con organizaciones ultraderechistas”.

Finalmente, Hellín es condenado a 43 años de prisión y Abad a 28, como autores materiales de la muerte de Yolanda. Además, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz, subjefe y secretario de Fuerza Nueva en el distrito madrileño de Arganzuela, son condenados a seis años, por allanamiento de morada y detención ilegal. Y David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva -que es defendido por Antonio Muñoz Perea, yerno de Blas Piñar-, a otros seis años, como autor del asesinato por inducción. “Aún pienso en esos momentos que mi hija pasó hasta que la mataron, eso es algo que no podrá olvidar”, afirma Lidia Martín, la madre de la joven estudiante bilbaína. “Los momentos de Yolanda desde que entraron en su casa, la tiraron al suelo, revolvieron todo, la amenazaron, la pegaron, la hicieron bajar al coche con la pistola pegada a los riñones, la llevaron al campo en plena noche oscura, mientras le pegaban y le escupían en la cara...”

Emilio Hellín se escapa de la prisión de Alcalá de Henares unos meses después de su detención, pero pronto es capturado de nuevo. A pesar de este hecho, en 1987 se beneficia, insólitamente, de un cambio de clasificación en su situación penitenciaria, autorizado por el juez Jesús Vallés y, a continuación, el juez de vigilancia penitenciaria de Zamora, José Donato Andrés, le concede un permiso. Hellín lo aprovecha para fugarse nuevamente. Varios años Después, es localizado en Paraguay por el redactor de Interviú José Luis Morales, se consigue su extradición y vuelve a prisión. En la actualidad, ya se encuentra definitivamente libre, como todos los demás implicados en el asesinato de Yolanda.

Asesinato en Vallecas. 10 de febrero de 1980

El 10 de febrero, Vicente Cuervo Calvo, de 22 años, trabajador de Telefunken, es asesinado por los asistentes a un mitin de Fuerza Nacional del Trabajo (sindicato fantasma vinculado a la organización ultraderechista Fuerza Nueva), en el barrio madrileño de Vallecas. Desde primeras horas de la mañana se producen alteraciones del orden público en las inmediaciones del cine París.

El acto ha sido desautorizado por el Gobierno Civil, pero alrededor de 150 ultras armados se reúnen y comienzan a cantar el “Cara al Sol” en una explanada situada frente al cine. En este barrio obrero y claramente escorado a la izquierda, el acto es considerado una provocación. Sólo unos días antes, militantes de Fuerza Nueva han secuestrado y asesinado a Yolanda González, que estudiaba en un instituto de Vallecas. La gente de la zona comienza a abuchear a los fascistas. La policía carga contra los vecinos y los ultras se dedican a perseguir y apalear a los contra manifestantes, mientras éstos se dispersan. Suena un disparo y Vicente Cuervo cae al suelo. Trasladado al equipo quirúrgico de Vallecas, el médico que le atiende cree, en un principio, que la herida que presenta en el pecho le ha sido producida por arma blanca. Sin embargo, al ser ingresado en la Residencia Sanitaria Provincial, se comprueba que ha recibido un tiro. Vicente es intervenido quirúrgicamente durante dos horas y se llegan a utilizar ocho litros de sangre en las transfusiones, pero la gravedad de su herida le provoca la muerte. La bala ha entrado por el hemitórax derecho y afecta al hígado, la vena cava inferior y el pedículo del riñón izquierdo, con trayectoria descendente y de delante hacia atrás. Según testigos presenciales, le ha disparado un hombre de unos 50 años, vestido con un abrigo azul y el pelo corto. Vicente cae herido de muerte en un paso de cebra, en la puerta del bar Domes, frente al número 18 de la calle de Carlos Martín Álvarez. Es un vecino, Rufino Aguirrebengoa, quien le recoge y le lleva en su propio coche al hospital. “El criminal disparó con perfecta posición de tiro –recuerda Rufino- y con total sangre fría, sujetándose la muñeca derecha con el brazo izquierdo, manteniendo el brazo de la pistola totalmente extendido. No hizo uno, sino varios disparos. El chico fue alcanzado por uno de los primeros y siguió corriendo. Cuando cayó al suelo, el de la pistola se acercó y le volvió a disparar”. Son detenidos y posteriormente puestos en libertad los ultraderechistas Félix del Yelmo e Ignacio Ortega, a quienes se les interviene una pistola que ha sido disparada, un revólver simulado, dos cuchillos y una cadena. A raíz de este nuevo asesinato se crea la Asamblea Antifascista de Vallecas, que realiza diversos actos públicos para pedir el esclarecimiento de los hechos. No se procesa a nadie.

18.3.20

No se sabe cómo, de repente llegó la heroína. Los barrios quedaron arrasados. Ya era poco el paro y la inflación, que encima a la juventud le cayó la droga como un mazo pilón. Muchas veces he oído lo de que la droga fue introducida en los barrios de la margen izquierda del Nervión y de la periferia de las grandes ciudades por siniestros poderes fácticos. No se sí tal cosa es verdad, pero sí se que a los políticos recién llegados al poder, desde Suárez a González les importó un bledo, mientras el dinero que esta macabra venta generaba, corrompía, togas, uniformes, trajes azules y todo lo que tuviera precio. Dicen las fábulas postmodernas, que a los políticos del felipismo no había manera de corromperlos por los de siempre. Cavilaron entonces estos halagar su vanidad, y funcionó, probaron luego con regalos de brillante oropel y de poco valor, y que tenían fácil aceptación precisamente por eso, y funcionó. Dieron un paso más y les enviaron regalos de oro macizo de gran valor, y nadie se atrevió a devolverlos, pues ya habían cogido el oropel. Vieronse entonces los agraciados rodeados de espléndidos regalos, pero sin cash, y cuando llegó el primer maletín lleno de money, lo cogieron sin dudar. Y los de siempre se frotaron las manos, como diablejos tentando al católico con pecaminosos placeres, y completamente sucumbido. Y los de siempre se dijeron que estos no iban a ser distintos, ya lo sabían ellos que llevaban desde Fernando el del Palatá corrompiendo voluntades. Y los necios creyeron que esto de la Transición abría una ventana de aire fresco al país. Y por la ventana no entró el fresco sino "los frescos".

Asesinato de Jorge Caballero Sánchez en Madrid. 28 de marzo de 1980

El 28 de marzo, frente al cine Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después. El joven sale del cine con su novia cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva una insignia con la A dentro de un círculo, el símbolo anarquista. El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva. Según se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los participantes en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuerza Joven. La policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones efectuadas a la revista Cambio 16, otro de los integrantes del comando criminal, Juan Miguel Gómez González, alias “Masa”, sostiene que la fuga de Llobregat, alias “el Loco”, ha sido organizada por Ricardo Alba, subjefe nacional de Fuerza Nueva en esas fechas.

Instruye el sumario el entonces titular del Juzgado número 2 de Instrucción, Luis Lerga, un hombre considerado de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro, inicialmente: los citados Llobregat Farre y Gómez González, además de Fernando Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están implicados en el asesinato Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza. Los problemas comienzan cuando el expediente se traslada a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que dilata enormemente la tramitación del caso y, al final, levanta el procesamiento de Queipo y Saliquet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta Sección, presidida en el año 80 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martínez, tiene fama de “ultra” entre los letrados demócratas. Estos magistrados fijan la fianza para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pesetas, que deben ser depositadas en el plazo de dos semanas. “Eso fue una muestra evidente del poco interés que tenían para que la acción prosperase”, recuerda la letrada María Ángeles López, que encabezó la acusación. “Pudo verse claramente por contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil pesetas”.

Con el levantamiento del procesamiento a Queipo y Saliquet –este último nieto de un almirante franquista- se cargan las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos elementos con menos respaldo “familiar” del grupo: “El Masa”, una especie de salvaje, entre lúmpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común, y Vargas Villalba, alias “el Jerezano”, hijo de un jornalero andaluz, el débil del grupo, que acaba denunciando al juez las presiones de las que es objeto para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus abogados, los hermanos Muñoz Perea. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Piñar defiende también a los asesinos de Yolanda González.

En 2001 conseguimos localizar a Vargas Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relata su versión de los hechos: “Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me comentaron que ya nos tenían más que superlocalizados, pero que, claro, al haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque los habían presionado. A mí, la Guardia Civil, cuando estaba esposado en la Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven. Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuerza Nueva de Mejía Lequerica”, añade. “Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido presidente del Real Madrid”.

“El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y exclusivamente a la persona ausente, como era habitual en casos como este”, señala la letrada Ángeles López. “En él no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de karate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba ni sospechaba agresión alguna”. El principal culpable del asesinato sigue sin aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la acusación privada. Los dos únicos cómplices del asesinato procesados son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, “por desórdenes públicos”. En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistras de los acusados. Olvida el hecho de que “El Masa” es jefe de centuria de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeúntes en varias ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro crimen sin castigo.

Muerte en Hernani. 19 de abril de 1980

El 19 de abril, el BVE asesina en Hernani a Felipe Sagarna Ormazábal.

18.3.21

A principios de los ochenta, gente de mucho talento, en absoluto afín a la izquierda que peleaba en la Transición, pero compartiendo las ganas de libertad y creación, destacaron pronto en los espectáculos y conciertos madrileños de vanguardia artística. A este movimiento encabezado por conocidos artistas, se le denominó posteriormente "la movida madrileña". El rojerío fue espectador de este auge de las artes que se salía de los viejos órdenes y que trajo renovación en todos los ámbitos de la cultura. Personalmente pienso que el rojerío aunque disfrutara de las innovaciones, no participó como tal en este movimiento, que si básicamente salía por progresista, nunca incidió de forma clara en el desarrollo de la política de izquierdas, ideologías personales aparte. Los artistas y los gurús de este movimiento de vanguardia, habían encontrado su camino y en él querían triunfar. Y cuando lo hicieron, como ocurre siempre, volvieron a los ordenes culturales mayoritarios. Almodovar es el paradigma del talento trasgresor que catapultado a la fama por lo dicho termina como el mayor talento cinematográfico español actual. En la imagen, Pedro Almodovar y Fabio de Miguel haciendo el ganso concienzudamente mientras se lo pasan pipa.

Asesinato de Arturo Pajuelo Rubio en Madrid. 1 de mayo de 1980

El 1 de mayo de 1980, en Madrid, es asesinado por la extrema derecha Arturo Pajuelo Rubio, de 33 años. Tras la manifestación obrera que se desarrolla por el Paseo del Prado, son acuchilladas tres personas: Arturo, que fallece a consecuencia de las graves heridas sufridas, Joaquín Martínez Mecha y Carlos Martínez Bermejo. Estos dos consiguen salvarse. “Los agresores eran profesionales”, afirman los médicos. “Atacaron por delante, a los pulmones y el hígado. Con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual”. Las agresiones se producen durante la pacífica dispersión de los manifestantes, en la zona del paseo de las Delicias. Los fascistas agreden a Arturo sin gritos previos ni insultos. Uno o dos individuos le sujetan por la espalda mientras otro le clava nueve veces un machete. Su amigo Joaquín tiene más suerte, recibe cuatro puñaladas pero puede salir corriendo. Mientras tanto, la policía del gobernador civil Juan José Rosón carga brutalmente contra la manifestación de CNT, que se está desarrollado por la calle de Bravo Murillo, pero en cambio no detiene a ningún fascista. Arturo Pajuelo era un dirigente vecinal del barrio de Orcasitas, soltero y empleado de Construcciones Aeronáuticas S.A. La situación en la que deja a su familia es trágica: su padre ha muerto sólo hace seis meses y se encontraba a cargo de tres hermanas bastante menores que él, una de ellas disminuida psíquica. Como resultado de las agresiones, Martínez Mecha, de 24 años, sufre heridas graves en el hemitórax derecho e izquierdo que interesan el pulmón, junto con heridas en la región lumbar que le provocan la rotura de un riñón. Se salva con graves secuelas para toda la vida. Las heridas de Carlos Martínez no le afectan a órganos vitales.

Un supuesto portavoz del Batallón Vasco Español reivindica, a través de una llamada telefónica al diario Egin, el asesinato de Arturo y las otras dos agresiones y señaló que la acción ha sido llevada a cabo por el comando “Javier Jaúregui”, como “primera respuesta a las continuas agresiones sufridas por nuestros compañeros de Falange, por abogados rojos, en el juicio del caso Atocha”.

Los inspectores de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía aporta muy escasas informaciones. Cuentan con el retrato robot de un individuo barbilampiño, con ojos ligeramente achinados, más bien delgado y de estatura media, que, según testigos presenciales, iba acompañado de otro más alto, sobre el que no se pueden precisar más detalles. Ambos llevaban zamarras negras de cuero. El primero de ellos fue quien apuñaló a Arturo.

El desinterés y la total falta de eficacia de la Brigada de Investigación Criminal obliga a los abogados de la acusación particular a presionar al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid para que pase el caso a la policía judicial. Tras muchos meses de dilaciones, se dicta auto de procesamiento contra Daniel Fernández Landa y Roca, como presunto asesino de Arturo Pajuelo. La instrucción del caso se cierra sin procesar a más implicados. Fernández Landa, que también está implicado en el asalto al bar San Bao, ya ha desaparecido de España. El asesino de Arturo ha nacido en Las Palmas, el 2 de octubre de 1951, y es militante de Falange Española de las JONS. Una vez más, nadie es condenado por el nuevo crimen.

Asesinato de Juan Carlos García en Madrid.  6 de mayo de 1980.

Pocos días después, el 6 de mayo, también en Madrid, es asesinado Juan Carlos García Pérez, de 20 años, durante el asalto de un grupo ultraderechista al bar San Bao. Los hechos se suceden tras una jornada de lucha, convocada el día 3 de mayo en protesta por el asesinato de Arturo Pajuelo. Al término de una concentración antifascista que tiene lugar en la plaza de Quintana, varios manifestantes realizan pintadas denunciando el crimen de Arturo Pajuelo en la Cruz de los Caídos de Ciudad Lineal. En la parte posterior de este monumento franquista, que acabará siendo demolido años más tarde, está grabada en piedra una relación de “caídos” del bando nacional, muchos de los cuales dieron nombre a calles de esa zona de Madrid: Hermanos García Noblejas, Emilio Gastesi Fernández, Servando Batanero, Esteban Collantes...

El día 6 se produce una concentración fascista de desagravio junto a la Cruz y algunos de los participantes limpian las pintadas, entre cánticos paramilitares y amenazas a los viandantes. La policía mantiene una actitud amistosa con ellos y no impide las agresiones. Al final del acto, un nutrido grupo de ultras abandona el lugar, en formación militar, en fila de a dos, encabezados por un hombre maduro que lleva un machete. Minutos después, a plena luz del día, asaltan el bar San Bao, situado en el número 42 de la calle de Arturo Soria. Fallece de un disparo Juan Carlos García Pérez, de 20 años, que estaba cumpliendo el servicio militar en la Escuela Superior del Ejército, donde trabaja su padre como impresor. Y hay otro dos heridos más de bala, Ramón Carlos Bonal, de 19 años, que recibe dos proyectiles en la pierna izquierda, y Vicente Seoane Martín, de 20 años, a quien se le aloja una bala junto al bazo. Los casquillos no aparecen, lo que hace suponer que los agresores disparan con revólver. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid procesa a Daniel Fernández de Landa Roca (a un hermano suyo, Jesús Alfredo, le detiene la policía el día siguiente al atentado, en El Escorial, con una pistola y un revólver escondidos en una bolsa) e Iñigo Guinea Pérez. Cuando se dicta la orden de busca y captura, ambos ya están fuera de España y nunca llegan a ser detenidos. También participan en el asalto Jesús Alcalá Neches, Jesús Manzano Martínez, Jesús Minteguiaga Ambrona, Juan Domingo Martínez Lorenzo, Miguel Ángel Hurtado López, Francisco Javier Barranco López de Saa, Lorenzo y Pedro Pablo Peña. Este último, a pesar de estar en busca y captura, sigue viviendo en casa de su madre, viuda del inspector Peña, del Cuerpo Superior de Policía, durante tres meses. Denunciada esta situación por la prensa, finalmente es detenido, pero el juez lo pone en libertad. Juan Domingo Martínez Lorenzo es condenado a 32 años de prisión, por asesinato; Jesús Alfredo Fernández de Landa Roca, a 18 años de prisión, por asesinato, y Jesús Minteguiaga Ambrona y Miguel Ángel Hurtado López, a cuatro años y dos meses de prisión menor, por desórdenes públicos.

18.3.22

¡Qué hubiera sido de nosotros sin la Clave del Sr. Balbín! La Clave tuvo dificultades con todos los gobiernos, pero es una coña marinera que fueran los socialistas los que le dieran la puntilla. De aquellas soberbias nacieron las actuales debilidades, mío Cid.

18.3.23

En agosto de 1980, con una masiva huelga de hambre, los jornaleros de Marinaleda saltaron a los medios públicos protagonizando una de las primeras acciones que los harían famosos por su irreductibilidad. Esta larga lucha dio sus frutos, y hoy el pueblo es uno de los lugares con menos paro, con mejores servicios sociales, con viviendas dignas financiadas por el propio pueblo, etc, etc... Y mira que le buscaron pecados a su líder para denigrarle, desde todos los ángulos, pero no había ángulos que buscar, aquello era un espejo diáfano. Así que, incluso dentro del feroz capitalismo, hay maneras de hacer las cosas que no empobrecen a las gentes, que les dan una vida decente en busca de una poca de felicidad en esta cruda vida. Que es de lo que se trata. Y parece que se puede...

Muerte en una comisaría de Madrid.  6 de septiembre de 1980.

6 de septiembre. Fallece en Madrid, en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, José España Vivas, de 25 años. Sufre un infarto mientras está siendo interrogado por agentes de la Brigada Central de Información. El informe correspondiente del Instituto Anatómico Forense señala que España Vivas tenía un quiste hidatídico y que esta circunstancia puede haber sido determinante en su muerte. Sin embargo, el cadáver presenta los pies hinchados, quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo y otros signos evidentes de haber sido sometido a una sesión de tortura. El fallecido ha sido detenido bajo la acusación de pertenecer a los GRAPO, pero se comprueba que esto no es cierto y que se ha producido un grave error policial. España Vivas, natural de Alcalá de Henares, era un activo militante del movimiento ciudadano y miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio de Venecia de esta localidad madrileña. No se realiza ninguna investigación sobre su muerte.

Asesinatos en Hernani.  7 de septiembre y 14 de noviembre de 1980.

7 de septiembre. Otro comando parapolicial, que reivindica el atentado con las siglas BVE, asesina en Hernani a Miguel Arbelaiz Etxebarría y Luis Miguel Elizondo Arrieta.

14 de noviembre. De nuevo en Hernani, el BVE asesina a Joaquín Antimasverás Escoz y deja herido de gravedad a Andrés Echevarría Echevarría.

Muerte en Caracas. 14 de noviembre de 1980

Ese mismo día, en Caracas (Venezuela), los ultras al servicio de la policía española Jean Pierre Cherid y Mario Ricci asesinan al ingeniero vasco Joaquín Alfonso Echevarría y a su esposa Esperanza Arana.

23 de noviembre. Un comando ultraderechista integrado por los colaboradores de la policía española Jean Pierre Cherid y los hermanos Perret ametralla el bar Hendayais (Hendaya, Francia) con el resultado de dos muertos y diez heridos. Mueren Jean Pierre Haramendi, de 68 años y José Kamio, nacido en la localidad guipuzcoana de Urbieta, de 52 años, que ya tiene la nacionalidad francesa. La cadencia y precisión de los disparos prueba que los autores del atentado son profesionales. Los asesinos se dirigen después hacia el sur y cruzan violentamente la frontera francoespañola, por el puente de Santiago, en Irún, sin detenerse en el control francés, y se entregan a los funcionarios de la policía española, tras haber derribado la valla de control. Después son trasladados a la comisaría de Irún y puestos en libertad por orden del comisario general de Información Manuel Ballesteros. Afirma que los tres individuos trabajan para él como confidentes.

Asesinatos en Mataró. 30 de noviembre de 1980

30 de noviembre. En Barcelona, el jefe comarcal de Fuerza Nueva en el Maresme, Salvador Durán, es inculpado del doble asesinato de Juan Acaso y José Muñoz, a quienes confundió, según sus propias declaraciones, con miembros del Ateneo Libertario de Mataró. Las muertes se produjeron durante una operación de “escarmiento” que, según las declaraciones de Durán, le fue encargada por mandos policiales y de la Guardia Civil. Las armas del crimen le fueron facilitadas por guardias civiles.

Asesinato. 30 de diciembre

30 de diciembre. Un ultra mata a tiros a Francisco José Rodríguez López, de 21 años, que está prestando el servicio militar, y hiere a otros seis jóvenes cuando se dirigían a sus domicilios.

A esta relación de asesinatos habría que añadir los nombres de numerosos muertos en controles de carretera, sobre todo en el País Vasco, víctimas de policías y guardias civiles de gatillo rápido, acostumbrados a aplicar la ley de fugas a cualquier conductor despistado o asustado. Ciudadanos como Kepa Tolosa Goicoetxea, Felipe Suárez Delgado, Antonio Rubio Lara, Carlos Hernández Expósito y otros más, si ninguna militancia política, pierden la vida de ese modo. Como señala el abogado Juan Manuel Olarieta en su estudio “Transición y represión política” (*): “La mayor parte de la muertes provocadas en este periodo por la policía quedaron impunes. La comparación con la última época de Franco deja constancia de que el número de víctimas es mucho mayor en la nueva etapa, poniendo al descubierto la falacia de una “transición pacífica” que ha tenido tal coste sangriento”. Resulta absolutamente legítimo e imprescindible exigir la revisión de todos estos casos.

18.3.24

En febrero de 1981, al rey de España lo recibieron regular los radicales vascos. El rey andaba por entonces buscando sustituto para Suárez de forma poco limpia según cuenta la literatura histórica al caso, y parece que le acompañaban políticos de todo pelaje, y que esas malas artes estaban animando a algún personajillo que se creía Primo de Rivera jugando al golpe palaciego con pinochetitos y videlitas nacionales. Aprendices de brujos todos ellos que buen susto dieron a la buena gente de este país. Y como dijo Amadeo I antes de pirárselas de España (ahora que tenemos aniversario del asesinato de Prim), como dijo: todos los malvados son españoles, no busquen fuera. En cuanto a la del rey en la imagen, pues gajes del oficio...

18.3.25

Una triste estampa del final del 23F. Guardias participantes en el asalto saltan por la ventana, mientras compañeros de fuera les ayudan en la huida.

Los recalcitrantes llevaban desde el 75 suspirando por un golpe y desde el año siguiente preparándolo. En realidad eran un grupito de militares y Guardias Civiles franquistas irredentos que se conocían entre ellos y se reunían de vez en cuando sin muchas posibilidades (había también un grupo de coroneles mucho más peligrosos, pero aún en ciernes). El disolvente donde nadaban lo ponían los servicios secretos y la CIA que movían estos grupos e intereses según sus necesidades. En Washington y el Berlín, todos dormían tranquilos, desde que los hombres de negro se habían entrevistado con Carrillo y con González. Además, la UMD estaba en prisión y no había ningún problema ni posibilidad de terminar como en Portugal. Pero, existían un par de problemas más que inquietaban a mucha gente del antiguo y del nuevo régimen. El primero, qué iba a pasar con los muertos, sí sí, los muertos del pasado (y también los bienes e inmuebles del pasado, ¡y las sentencias judiciales del franquismo!), los muertos que jalonaban toda España de fosas comunes. Era un asunto muy molesto y muy peligroso, para un régimen que sufría una transformación en las apariencias pero que indudablemente, si quería credibilidad, tenía que conceder libertades, y una vez que la gente puede hablar y reclamar justicia para el pasado, cualquier cosa puede pasar.

De modo que se trataba de cambiar un algo para no cambiar nada, como decía Lampedusa en el Gatopardo. En los apartados secretos de los pactos firmados entre la oposición y el régimen en transformación, esto ya había quedado claro, ninguna vuelta atrás ni para sacar muertos. Pero los movimientos de izquierda y las organizaciones populares hacían mucho ruido y ya había iniciativas en este sentido.

El segundo punto de preocupación era el terrorismo de ETA, de las tres o cuatro ETAs que entonces había, los poli-milis, los milis, los Comandos Anticapitalistas y alguna más que no recuerdo, además del GRAPO, grupo a todas luces infiltrado por los servicios secretos, españoles, la Gladio, y los Moa de turno. Todo el aparato contraterrorista provenía del franquismo y tenía un espantoso cero en derechos humanos, si no era un menos diez. Ya la extrema derecha con sus asesinatos y su terrorismo diario representaba un freno a las aspiraciones populares. Como sus antepasados del 18 de julio empleaban el terror puro y duro para amedrentar a los ciudadanos y desmovilizar a las vanguardias. Pero eso era muy difícil, el país estaba en efervescencia y cada vez más amplias capas de la población se sumaban a las movilizaciones. Si había un muerto en una, al día siguiente la ciudadanía salía en masa, pese al riesgo de que hubiera otros, como varias veces sucedió. Y para terminar, los conflictos laborales estaban alcanzado cotas impensables años atrás, y lo que era peor para la incipiente monarquía, ganando muchos de sus objetivos sindicales y laborales.

El gobierno Suárez era débil, triturado por una oposición implacable y ninguneado por sus correligionarios y despreciado por la extrema derecha civil y militar. El propio monarca no estaba dando a su gobierno el apoyo necesario y hay quien dice que metía palos en sus ruedas, pues para el monarca el papel de Suárez ya estaba acabado. Pero resulta que en ese tiempo, Suárez había sido elegido presidente por el Parlamento electo y como, constitucionalmente, el Rey no podía ya quitar y poner presidentes de gobierno, se iniciaron maniobras para hacerlo por vías indirectas. Y este parece ser el meollo del 23F, las maniobras reales, apoyadas por muchos grupos de poder incluidos ambiciosos líderes de partidos democráticos, que fueron encargadas a un militar del entorno más intimo del Rey y que éste militar aprovechó, para hacerlo a su manera, montándose en la ola de uno de los varios golpes de Estado que se estaban gestando por militares de extrema derecha, largar a Suárez y reconducir la situación política al estilo de Primo Rivera, para así, cumplir con el Rey y evitar ciertas derivas que inquietaban al monarca, a Europa, a la CIA, al Ejército y las Fuerzas de Seguridad, y también, aupado por el Ejército, suponía, formar un gobierno por él presidido. Conjugar esto: aprovechar un golpe militar en marcha para dar un golpe palaciego, que debía ser quien finalmente triunfara y desactivara los golpes de verdad, era muy difícil y tenía un peaje muy caro, como decimos, el militar, artífice del golpe sería presidente del gobierno y en este gobierno habría, ¡hasta comunistas! según los planes del Elefante blanco, o sea, él.

Lo malo era que los verdaderos golpistas no podían saberlo hasta el último momento, pues sus intenciones eran como las de Pinochet, un bañito de sangre por aquí, y otro por allá según la receta del mulo de Mola que tan bien se aplicó con Franco. Y como lo demostró la revista Interviú con las listas de sangre que se publicaron posteriormente, una por provincia, para fusilar a miles de españoles en unos pocos días y aterrorizar al resto, según la política de terror diseñada por el citado Mola. De manera que nuestro general, el Elefante Blanco, les engañó, les dijo que él era el hombre del Rey, lo que era cierto, y que mano dura habría, sobre todo en el país vasco, pero sin pasarse, que Europa nos miraba, y que habría puestos de peces gordos para todos. Luego llamó a otros conocidos de partidos de la oposición, y entre ambigüedades y medias verdades, parece que algo sacó. Y ¡ala! a soltar los perros de presa y poner el país al borde abismo. Una parvada de irresponsables entre los que se encontraban gentes que ni sospechábamos. Dicen que el Rey no le había encargado al Elefante blanco golpe militar de ningún tipo, sino que maniobrara hacia un gobierno de Unidad Nacional aunque fuera inconstitucionalmente. Otros dicen que el Rey es sin embargo la causa primera del 23F. El caso es que viendo que Milans y Tejero eran unos cafres, que habían sacado en Valencia el mismo bando de guerra de Franco el 18 de julio, y que la cosa se podía descontrolar, oyó los consejos de su señora (aún se hablaban)  que tenía un hermano que sabía del tema, se puso el uniforme y mandó ponerse firmes a todos. Le costó lo suyo, pues algunos estaban borrachos y no oían bien. Dicen también que tras la grabación el monarca sufrió una gran melancolía al comprender lo que había desatado.

Los ciudadanos piensan que el Rey salvó la democracia, es posible, pero si técnicamente el golpe falló, políticamente triunfó, pues la monarquía amarró bien el rumbo, liquidó las aventuras inciertas y todo el mundo tomó nota, especialmente Felipe, que era la gran esperanza blanca del monarca. Y lo que era una muy fea maniobra anticonstitucional se convirtió en un cambio de rumbo político de la mano de los menos sospechosos, y el Rey además, se convirtió en el salvador de la patria. Los hechos posteriores, sobre todo el juicio a los golpistas reveló que tanta benevolencia con sediciosos y traidores tenían segundas lecturas. Así es la historia, señores...

21) Notas extractadas: Domingo, 29 de Mayo de 2005, Crónica, suplemento de El Mundo, número 502

ANTONIO RUBIO.

Caso Almería. 7-10 mayo de 1981.

«...al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C..., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recivieron (sic) por separado. Posteriormente los embolvieron (sic) en mantas viegas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta...ordenando Castillo Quero, que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y se les pegara fuego para que no conocieran los mal tratos... Antes de pegar fuego con la metralleta de los compañeros el Guardia C. gastó dos cargadores de 30 cartuchos cada uno sobre los cadáveres en combinación con el depósito de la gasolina del Ford. Sin nada más se despide un gran amigo de Vds que en la actualidad es Guardia Civil pero no asesino. No me identifico porque sería una cosa no oportuna para mí»

CARTA ANÓNIMA ENVIADA POR UN GUARDIA CIVIL EN 1984 A LA FAMILIA DE JUAN MAÑAS, UNO DE LOS ASESINADOS EN ALMERÍA EL 10 DE MAYO DE 1981

De noche, sin luz, tres cadáveres ensangrentados y un conciliábulo de sicarios y verdugos pensando cómo quitarse de en medio aquella papeleta... Tuvieron que despedazar a aquellas criaturas para poder meterlos en el coche, después lo despeñaron, le metieron fuego y se pusieron a pegar tiros». Esta es la narración, cruda y dura, que realizó el abogado y teniente coronel de la Guardia Civil Victoriano Guillén sobre los sucesos que ocurrieron en Almería el 10 de mayo de 1981. Para la historia quedó como el caso Almería. Las víctimas fueron tres jóvenes inocentes, torturados y asesinados por un grupo de guardias civiles que los confundió con un comando de ETA.

El único delito que cometieron Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo fue atravesar toda España, desde Santander a Pechina (Almería), en un vehículo para asistir a la comunión del hermano del primero, Francisco Javier. Son tres víctimas del terrorismo de Estado que el PSOE utilizó como bandera en 1981 para atacar al gobierno de UCD y que después, con la mayoría de 1982, olvidó y nunca más reivindicó.

El caso Almería comenzó el 7 de mayo, en Madrid. ETA había atentado en la capital de España contra el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey. La tensión que se vivía por aquellas fechas era extrema, dos meses antes se había producido el intento de golpe de Estado del 23-F, y el Ministerio del Interior intentaba capturar a los asesinos a cualquier precio.

Mañas, Montero y Cobo tuvieron problemas con su vehículo y se vieron obligados a parar en la ciudad de Puertollano, donde alquilaron un Ford Fiesta. Un vecino del pueblo, tras ver las fotos de los terroristas de ETA por televisión, confundió a los tres jóvenes con los miembros de la banda.

Automáticamente, la Guardia Civil, con el chivatazo del diligente ciudadano y el número de la matrícula del Ford Fiesta, montó la caza y captura del presunto comando etarra. Al frente del grupo perseguidor se situó el teniente coronel Castillo Quero.

Mañas, Montero y Cobo fueron detenidos a punta de pistola y sin oponer resistencia en una tienda de Roquetas de Mar (Almería), mientras hacían unas compras para la comunión de Francisco Javier, el hermano de Mañas. Al día siguiente, los cadáveres de los tres jóvenes aparecieron dentro del Ford Fiesta, calcinados y agujereados por múltiples balas.

Castillo Quero y sus hombres torturaron a los tres inocentes una y mil veces durante toda aquella noche en un antiguo cuartel de la Guardia Civil, abandonado, que estaba situado en la localidad almeriense de Casafuerte. El teniente coronel Victoriano Guillén, que se había significado por su repulsa contra el 23-F, se encontraba apartado y realizando operaciones burocráticas en la Comandancia de Almería. Luego pudo reconstruir todo lo ocurrido: «La dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y que habían atentado contra el general Valenzuela. Castillo Quero, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el Rey, vio allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse medallas».

Guillén, que murió hace dos años, hizo sus primeras y únicas declaraciones ante las cámaras de Crónica de una generación y recordó que la Comandancia de Almería se encontraba en pleno centro de la ciudad y que en ella vivían los familiares de los guardias civiles, por lo que Castillo Quero y los miembros del servicio de información decidieron llevarse a los detenidos fuera de la ciudad para poder torturarlos sin problemas: «En Casafuerte ocurrió la tragedia, porque fue tal la tortura, la paliza, la cafrada, que se les quedaron en las manos. Cuando se dieron cuenta los habían matado».

Tras el error, Castillo Quero intentó borrar todas las pruebas de la masacre. Guillen, que cuando realizó estas declaraciones en el año 2002 ya estaba jubilado y tenía que soportar un par de diálisis semanales, se encendía y se cabreaba cuando recordaba aquellos momentos: «Tuvieron que despedazar a aquellas criaturas para meterlos dentro del coche. Después se llevaron el coche, los despeñaron, le metieron fuego y se pusieron a pegar tiros».

Pero el documento más importante y esclarecedor de lo que ocurrió en el caso Almería le llegó a la familia Mañas, en forma de carta anónima, tres años después del asesinato de su hijo y de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de 24 años de cárcel contra el teniente coronel Castillo Quero, 15 para el teniente Gómez Torres y 12 para el guardia Fernández Llamas.

En esa carta anónima, escrita por un guardia civil de la Comandancia de Almería y que ha conseguido EL MUNDO y el programa televisivo Crónica de una generación, se detalla de forma pormenorizada la cantidad de barbaridades que cometieron contra los tres jóvenes inocentes y el total de miembros de la Guardia Civil, con nombre y apellidos, que participaron en el aquelarre: «Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a Vds para contarles el hecho siguiente respeto a las extrañas circunstancias de la desgracia de buestro (sic) hijo y compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la Comandancia de esta localidad».

El anónimo comunicante, que descubre que «en la actualidad (1984) es Guardia Civil, pero no asesino» relata a la familia Mañas las circunstancias en las que murió su hijo y sus compañeros: «Los trasladaron en los mismos vehículos al cuartel de Casafuerte, donde fueron sometidos a interrogatorio, acto seguido ordenó Castillo Quero que tenían que ser sometidos a garrote y pidió voluntarios».

Y entre los voluntarios, según el anónimo, salieron: «J.M ., pertenece al Servicio de Información Después, el sargento C. Otro, el guardia P Otro, el guardia F., también destinado en el Servicio de Información. Estos fueron los tres asesinos de buestro (sic) hijo...». Ninguno de esos guardias fue juzgado y condenado por la Audiencia de Almería como autores materiales del asesinato de Mañas y sus amigos.

Después de las torturas llegaron las muertes: «Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recivieron (sic) por separado. Posteriormente, los embolvieron (sic) en mantas viegas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no conocieran los mal tratos».

El anónimo Guardia Civil llega incluso a relatar en su carta que los asesinos, de los que da nombre y apellidos, utilizaron el dinero que llevaban las víctimas para comprar la gasolina con la que prendieron fuego al Ford Fiesta con los tres cadáveres dentro: «Antes de pegar fuego con la metralleta de los compañeros el guardia C. gastó dos cargadores de 30 cartuchos cada uno sobre los cadáveres en combinación con el depósito de la gasolina del Ford, acto seguido con el mechero que pegó fuego a la gasolina que se derramaba del depósito, añadiendo la que tenía en la lata aparte».

La familia Mañas ha solicitado en varias ocasiones que su hijo y sus dos compañeros sean reconocidos como víctimas del terrorismo, pero siempre han recibido la callada por respuesta por parte de todos los organismos a los que se han dirigido desde hace más de 20 años. Tampoco han recibido el apoyo ni la comprensión de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

18.3.26

Los terroristas irredentos que nos amargaron la vida durante decenios tuvieron una oportunidad con González de abandonar las armas, creo que en un sitio llamado Árgel. Pero no lo hicieron. Al poco recomenzaron su macabra tarea con más ahínco. Los hombres de Felipe, novatos en estas lides, se encontraron en la encrucijada de reformar las FOP y perder los expertos en lucha antiterrorista que tenían un pasado negrísimo en derechos humanos, o continuar con lo que había y digerir aquel entramado antiterrorista compuesto de Policías, Guardias civiles y escuadrones de la muerte parapoliciales. Con la tierna esperanza de convertirlos a la democracia a base de ejercicios espirituales y medallas al mérito policial, optaron por esta última vía. Las nuevas autoridades civiles del Ministerio del Interior demostraron pronto lo bien que aprendían en esto de triturar derechos humanos y le dieron a ETA más de lo mismo de lo que le había dado Franco, Arias y Suárez. Torturas, ley de fugas y escuadrones de la muerte. Cambiaron los nombres, ATE, BVE, AAA, etc... por GAL. Que hasta la presente sólo había sido un jabón. González tiró por el peor camino, paso de ser defensor de la población que había sido victima de violencia policial y parapolicial durante La Transición, a poner en nómina a la extrema derecha nacional y extranjera. Hubiera sido mucho mejor desprenderse de todo el pasado franquista en las Fuerzas de Orden público y aplicar la justicia a los escuadrones de la muerte. Era el momento de hacerlo, se lo debían al maltratado pueblo español y contaban con el apoyo de Europa, y hasta puede que de los USA. Podían haber hecho una limpieza de arriba abajo, sin prisas pero sin pausas. Quizá al principio, ETA se hubiera crecido, pero con el tiempo hubiera sido inexorablemente derrotada policial y políticamente empleando las armas del derecho. Todo lo contrario de lo que ha sucedido, donde ETA ha sido derrotada policialmente, sí, pero políticamente, tiene bemoles la cosa, ha triunfado. Y no sólo ha triunfado sino que la lucha antiterrorista ha sido la mejor arma política que se le podía dar a la derecha en las inexpertas manos de Zapatero que nos gobernó ha poco haciéndonos creer que haríamos las paces con el mundo de ETA y que además nos llevaba a una democracia plena de derechos civiles, cuando en realidad nos llevaba al desastre político actual: conseguir que los votantes de izquierda se abstuviesen, para que ganando la derecha entrase a saco ($$$) en lo poco que tenemos los españoles, la Seguridad Social. Qué crudo ha sido ser español de izquierdas desde que murió Franco. Se lo juro. Una detrás de otra.

18.3.27

Los antidisturbios impiden el paso del entierro de Santiago Brouard, médico del entorno radical y nacionalista, asesinado por el GAL. La poli le negó el paso al cortejo fúnebre. Era Bilbao, era 1984, gobernaba Felipe y en el Pais Vasco mandaba el citado GAL. Y si antes aterrorizaba ETA, ahora aterrorizaba ETA y el GAL.

18.3.28

Una vez que Felipe cumplió lo prometido a sus valedores, nada de aventuras, OTAN, "de entrada para dentro", llegó la promesa alemana del Mercado Común, que iba a ser la leche, un chollo, pero quedaban unas cositas, nada importante, pues eso, desmantelar la construcción naval, la minería del carbón, los altos hornos, etc... Es por vuestro bien, bobines... En Gijón y otras muchas partes de España no le hizo ninguna gracia y la lucha fue muy dura. Los sindicatos mayoritarios dejaron de tener relevancia. En la imagen trabajadores de la Naval de Gijón expresan con claridad su opinión sobre la reconversión ordenada por Europa. A Zapatero le obligaron a frenar en seco el desarrollo de las industrias de las energías renovables, de las que éramos los terceros del mundo y los segundos en Europa, después de Alemania. Otra que te meto Aniceto...

Y PARA QUE NO QUEDEN DUDAS SOBRE FELIPE: EL INFORME PETRAS.

A PROPÓSITO DEL PRESIDENTE SUÁREZ